Con demasiada frecuencia, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales se esfuerzan por mostrar que su gestión ha beneficiado a la comunidad con más policías, más patrulleros, más centros de monitoreo, más cámaras que graban lo que pasa en la calle.

Y convengamos en que hay bastante consenso en buena parte de nuestra dirigencia política en general en que un mayor despliegue de efectivos por parte de las fuerzas de seguridad y una más avanzada tecnología represiva son las herramientas indicadas para llevar tranquilidad a los ciudadanos que se sienten amenazados por el delito.

Esos ciudadanos, que al reclamar por su propia seguridad expresan su deseo de vivir mejor, encarnan de esa manera una demanda auténticamente democrática. La que no es democrática es la respuesta que el discurso neoliberal dominante da a esa demanda: una respuesta que fogonea la reacción punitiva, que naturaliza la represión y termina por justificar la violencia institucional.

Esa violencia, en efecto, favorecida por el clima político de la época, crece y se ensaña particularmente con quienes las fuerzas represivas han elegido como el enemigo principal: los jóvenes, mucho más si, además, son pobres. Hay estadísticas extraoficiales que aseguran que de las alrededor de 260 personas asesinadas por las diversas policías en todo el país durante 2016, el 51 por ciento eran menores de 25 años.

Si esta realidad es inaceptable, además de dolorosa, también lo es el hecho de que el discurso de la mano dura logre permear un segmento de la sociedad, que termina por creer que ese conjunto de falacias dañinas constituye la solución a su demanda legítima de vivir con seguridad.

Se trata de falacias porque, como sabe cualquiera que se aproxime al tema con honradez, el capitalismo produce cada vez más desigualdad, y es esa  desigualdad la que genera violencia. Por lo tanto, la inseguridad creciente, una constante en las sociedades de todo el mundo capitalista, no puede resolverse mediante la prescripción de palos, gases o tiros, según las circunstancias.

También hay un aspecto trágico en esas falacias. En el mundo en general, y muy particularmente en nuestro país en este período, los que aplican las políticas que generan cada vez más desigualdad, y que son entonces los verdaderos generadores de violencia, son también quienes señalan a los jóvenes pobres como el mal que hay que reprimir para vivir mejor.

En estos tiempos electorales, donde la mayoría de los candidatos venden ilusiones de toda naturaleza, es importante tener claro que una buena política de seguridad, no viene de la mano de más policías, más patrulleros, ni más cámaras. Ni de palos, gases o tiros. Solo buenas políticas económicas permitirían vivir mejor, y más seguros. El resto son espejitos de colores. Y ya se sabe lo que han tenido que sufrir los pueblos que entregaron su libertad a cambio de ellos.

* Socialismo para la Victoria – Unidad Ciudadana.

Por Jorge Rivas

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