La coyuntura da lugar a muchos interrogantes. Uno de ellos pretende responder a la dificultad de agrupar actores y fuerzas desde el campo popular con capacidad de acumular poder real para revertir el actual escenario donde se retrocede en derechos y se profundizan situaciones de injusticia. Para considerar la viabilidad de eventuales coincidencias es esencial analizar, en medio de un contexto donde nada resulta simple, la realidad de los diferentes actores y protagonistas.

Los partidos políticos ya no representan de manera genuina los intereses ciudadanos y por lo tanto pierden valor como referentes. Los dirigentes políticos descreen de esas instituciones y prefieren reacomodarse en alianzas electorales de coyuntura carentes de afinidades ideológicas firmes. La pertenencia político partidaria tampoco supone un alineamiento ideológico claro. Los que hoy se cobijan bajo una bandera, mañana pueden estar a la sombra de otra sin que por ello haya condena social o política. En política ya no hay “traiciones”, aunque algunos todavía lo expresen de esta manera en el fragor de una campaña y para obtener alguna ventaja efímera en el debate. Solo en el fútbol puede considerarse grave pasarse a las filas del tradicional adversario.

Muchos analistas hablan de crisis de representación en la democracia. Hay también pérdida de legitimidad de las instituciones políticas. La ciudadanía les retira su confianza por ineficientes o por corruptas.

Nada puede leerse al margen de otros datos también elocuentes. Se rompieron o evolucionaron las estructuras tradicionales como la familia, la comunidad, la religión, las vincularidades sociales en general. Y llegaron otras estructuras sociales resultado de nuevos valores emergentes o más apegadas a las necesidades capitalistas.

Las organizaciones sindicales –por razones diversas– han retrocedido en capacidad de representación y, como consecuencia directa, disminuyó su poder y su posibilidad de incidencia sobre quienes toman las decisiones. Solo para mencionar algunos motivos. Los sindicatos –por lo menos en la Argentina– mantienen formas organizativas y políticas que no responden a las características del trabajo asalariado actual, ni a los muchos trabajadores “contratados”, “tercerizados” o directamente “en negro”. Si bien los sindicatos todavía retienen una porción importante de la representatividad, un segmento también significativo de la base trabajadora descree de sus dirigentes y no siente que expresen sus intereses salvo en contadas ocasiones. Así planteado el escenario, cada vez ganan más terreno grupos asamblearios, generalmente próximos a propuestas políticas de izquierda, pero también más cercanos a la base asalariada y a sus problemáticas cotidianas. Estos nuevos nucleamientos gremiales se apartan del sindicalismo tradicional y se oponen de manera más frontal a los intereses corporativos, sean estos privados o apañados por el mismo Estado.

Se configura de este modo una correlación de fuerzas sumamente desfavorable para el campo popular, sus actores y sus intereses. Porque la democracia, tal y como la estamos experimentando, restringe al mínimo las posibilidades de un discernimiento colectivo y equitativo para equilibrar las posibilidades de todos y todas en función de criterios igualitarios basados en el conjunto de los derechos ciudadanos. Quienes antes daban la batalla –los partidos, desde una perspectiva ideológica, y los sindicatos, desde la reivindicación obrera– no tienen hoy, por extravío o desconcierto, capacidad o decisión para enfrentarla. En el análisis tampoco hay que desestimar el enorme poder simbólico que ejercen los medios de comunicación concentrados y también aliados con el poder corporativo.

En tal escenario y a la hora de salvaguardar derechos, son los distintos movimientos populares, organizaciones sociales y los grupos gremiales de nuevo cuño quienes aparecen como los principales defensores de los derechos conquistados, hoy amenazados por los nuevos dueños del gobierno.

Casi todos estos movimientos populares nacieron como respuesta a diferentes conflictos, a despojos o avasallamientos, al deterioro en las condiciones de vida, a la pobreza y la falta de trabajo y oportunidades. Sin una institucionalidad muy definida, algunos de estos movimientos vienen de la crisis del 2001. Otros surgieron antes o después, pero casi todos tienen la mismas características: son redes de grupos y organizaciones preparados para la movilización, la protesta y la resistencia social. Esa es su finalidad política, lejana a la institucionalidad clásica de los partidos y del sindicalismo. Los hay más recelosos de unos y de otros. También aquellos dispuestos a tender puentes con la política y el sindicalismo siempre y cuando puedan de esta manera consolidar sus objetivos de protesta y resistencia. A pesar de las alianzas tácticas tanto los políticos como los sindicalistas recelan de los movimientos populares, porque les resultan imprevisibles y porque temen que socaven su propio poder.

Hoy los movimientos son una herramienta necesaria para la lucha social. En su caminar sumaron adhesiones de actores diversos de la sociedad a la vista de las experiencias de cambio y movilización social generadas, de las importantes implicaciones para la articulación de nuevas subjetividades políticas de carácter dinámico y vinculadas inherentemente al desarrollo de la propia conflictividad social. Desde su práctica los movimientos cuestionan a los partidos y a los sindicatos.

Pero estos movimientos están también atravesados por contradicciones. Uno de sus desafíos más importantes ha sido su relación con los gobiernos. Hay enfrentamiento con los gobiernos que asumen políticas neoliberales. Más difícil y matizado era el trato con los “progresistas”. Denuncian al Estado, pero al mismo tiempo lo hacen destinatario de sus demandas. Tienen serios problemas para subsistir como movimiento u organización social principalmente por los pocos recursos de los que disponen y muchas veces terminan usando del mismo Estado para financiarse.

La relación de los movimientos populares con la política se hace a través de formas diversas de acumulación de poder en la lucha reivindicativa. Desde los partidos no han faltado quienes caracterizan a estos movimientos como la “antipolítica”. Otros prefieren hablar de nuevas modalidades de acción política, de presencia y ocupación de lo público. También son una manera de cuestionar al centralismo, al burocratismo, al verticalismo, a través de la puesta en acción de dinámicas horizontales y participativas. Este novedoso quehacer colectivo no se presenta solo como una metodología instrumental sino como un anticipo del orden social alternativo que intentan construir. Y por esta vía tales experiencias llegan a constituir un desafío simbólico a los códigos y patrones culturales dominantes.

Sería pretencioso, además de imposible e inapropiado para una nota periodística, abarcar la complejidad de la constitución y la realidad de cada uno de los niveles antes planteados. Pero resulta suficiente para ofrecer un panorama y habilitar el verdadero objetivo de estas líneas.

El propósito de esta suerte de mapeo del campo popular en la Argentina actual es preguntar por las estrategias necesarias para rediseñar, profundizar y mejorar las articulaciones entre las organizaciones políticas, el sindicalismo y los movimientos populares como base para reconfigurar una dinámica de poder que, en un marco democrático y participativo, permita alcanzar propósitos efectivos de justicia y vigencia plena de derechos para establecer un límite al modelo que hoy representa Cambiemos. En otras palabras: plantear el desafío de conciliar estratégica y transversalmente las urnas, con los reclamos sociales y con la movilización popular mediante alianzas que se expresen en mecanismos genuinos de representación, una meta siempre vigente más allá de las coyunturas y eventuales resultados electorales. Sin perder de vista que seguramente esto exige repensar el modo de hacer política, la organización sindical y la acción cotidiana en lo público.

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